En Argentina, jueces, fiscales y defensores gozan de un poder considerable, tomando decisiones cruciales sobre la vida y los derechos de las personas. Estos magistrados rara vez aplican la ley en situaciones que puedan comprometer su propio poder, cediendo a presiones superiores, políticas o sociales para mantener su estabilidad.
Históricamente, figuras como Sócrates y Poncio Pilato ilustran cómo las decisiones judiciales influenciadas por presiones externas perduran en la memoria colectiva, mientras los jueces y fiscales responsables son frecuentemente olvidados.
En Entre Ríos, Rosario Romero y José Carlos Halle han influido en la designación de magistrados mediante el Consejo de la Magistratura, una institución que a menudo se percibe como distante de los problemas de la ciudadanía y poco eficiente.
La Asociación de Magistrados, que actúa como un sindicato, defiende a sus miembros ante denuncias, incluso en casos graves como pederastia o narcotráfico. Álvaro Piérola, representante de los jueces, enfrenta denuncias de irregularidades, mientras Gabriela López Arango, vicepresidenta, ejemplifica la doble vara del sistema judicial: su esposo fue beneficiado con la prescripción de una denuncia de abuso, mientras otros no gozan de las mismas garantías.
